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Imposición de deber de vigilancia reforzada a los concesionarios de autopistas ante nevadas u otras situaciones meteorológicas adversas
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24 noviembre 2018 - 8:53, por , en Sin categoría, sin comentarios

Desde el Ministerio de Fomento, se ha dictado recientemente el Real Decreto-ley 18/2018, sobre medidas urgentes en materia de carreteras, que modifica la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Entre las medidas que se adoptan, se encuentra la de dar una mayor cobertura a la gravedad de las infracciones que los concesionarios de autopistas puedan cometer, ocasionando un gran perjuicio a los usuarios, e imponerles mayores sanciones cuando afecte significativamente a los mismos.

En esta época invernal, las nevadas y concentraciones de automóviles en carretera son frecuentes debido a los temporales. Cuando esas circunstancias meteorológicas ocurren, los concesionarios de carreteras han de salvaguardar tanto la seguridad ciudadana como la vial, por eso tienen un deber de vigilancia reforzada.

La infracción de este deber de vigilancia, estaba castigada por la Ley de Carreteras, antes de que se dictara el Real Decreto- ley 18/2018, como infracción grave. Ahora, tras su modificación, cuando por parte de los concesionarios se perjudique significativamente a los usuarios mediante negligencia en la prestación de servicios, o en el cumplimiento de las tareas de explotación de carreteras o elementos funcionales en régimen de concesión, y sin perjuicio de las penalizaciones contractuales que, en su caso se encuentren establecidas en los correspondientes contratos, tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves, en materia de protección del dominio público viario y de sus zonas de protección.

Se ha de tener en cuenta que, dado el deber de vigilancia reforzada que incumbe al concesionario, salvo prueba en contrario, se presumirá dicho perjuicio cuando en un intervalo de 24 horas se interrumpa la continuidad del servicio durante más de 2 horas o resulten afectados por ello más de 30 vehículos. Igualmente, se presumirá dicha negligencia del concesionario cuando, ante situaciones meteorológicas adversas, incurra en falta de previsión, incumpla injustificadamente los planes operativos previstos para dichas contingencias, no disponga de los medios que le fueran exigibles, no proporcione información suficiente a los usuarios o no adopte las medidas necesarias para la regulación del tráfico.

El ejercicio de esta potestad sancionadora le compete al Ministerio de Fomento, por tener la consideración de infracción muy grave. El procedimiento para sancionar estas infracciones se iniciará de oficio por el órgano competente del Ministerio de Fomento, bien por propia iniciativa o como consecuencia de petición razonada de otros órganos o denuncia.

Para la imposición de las sanciones, se atenderá a los daños y perjuicios producidos, en su caso, al riesgo creado y a la intencionalidad del causante, y, cuya multa oscilará entre 15.001 a 300.000 euros. Todo ello, sin perjuicio de las multas coercitivas, que se puedan imponer de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para conseguir la ejecución material de las órdenes de paralización, derribo o transformación que haya ordenado la Administración conforme a esta ley. Pero es que, además, la imposición de la sanción que corresponda será independiente de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, y de la de restituir o reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con sus respectivos procedimientos y normativa de aplicación.

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