Responsabilidad de la entidad bancaria por incumplimiento de su obligación de emitir un certificado de posiciones de la cliente al tiempo de su fallecimiento

Audiencia Provincial Cáceres, Sentencia 293/2026, 15 Sep. Recurso 254/2025 (LA LEY 287074/2026)

Diario LA LEY, Nº 11048, Sección Sentencias y Resoluciones, 18 de Noviembre de 2026

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El incumplimiento de la demandada impidió que el hijo de la cliente se beneficiara de la bonificación autonómica en la cuota en las adquisiciones mortis causa. La acción ejercitada no está prescrita al serle de aplicación el plazo de 5 años del art. 1964.2 CC.

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El demandante, en su condición de heredero de una clienta de la entidad bancaria, reclama a esta una indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación de emitir el certificado de posiciones de la causante al tiempo de su fallecimiento.

La información inicialmente facilitada no incluía todos los productos bancarios de los que era titular, que fueron incorporados posteriormente mediante un nuevo certificado. Como consecuencia de esta omisión, el heredero tuvo que presentar una liquidación complementaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones fuera del plazo establecido, sin poder beneficiarse de la bonificación autonómica aplicable a las adquisiciones mortis causa. Por este motivo solicita el pago por el Banco de la diferencia entre la cantidad que habría satisfecho de haberse aplicado la bonificación y la efectivamente abonada.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al apreciar la prescripción de la acción por entender aplicable el plazo propio de la responsabilidad extracontractual. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cáceres estima el recurso de apelación presentado por el actor, desestima dicha excepción y estima la demanda declarando el derecho del recurrente a ser indemnizado por el daño sufrido.

Discrepando del criterio del Juzgado, la Sala sitúa la acción ejercitada en el ámbito del art. 1101 CC (LA LEY 1/1889) por cuanto se fundamenta en el incumplimiento de la obligación legal de información que corresponde a las entidades bancarias frente a los herederos de sus clientes. En concreto, la normativa de transparencia y protección de la clientela impone a las entidades de crédito el deber de facilitarles información que les permita conocer la situación patrimonial del causante en la entidad al tiempo de su fallecimiento.

Por tanto, al no existir un plazo especial de prescripción para esta acción, resulta aplicable el plazo general de cinco años previsto en el art. 1964.2 CC (LA LEY 1/1889) para las acciones personales. La reclamación extrajudicial efectuada frente a la entidad interrumpió el cómputo de dicho plazo prescriptivo, y desde entonces, hasta la interposición de la demanda, no había transcurrido el citado plazo, por lo que la acción no estaba prescrita.

Entrando en el fondo del asunto, la Audiencia considera acreditado que el demandante, en su condición de heredero, tenía derecho a obtener el certificado de posiciones de su madre fallecida y que la entidad bancaria lo emitió inicialmente de forma incompleta, omitiendo determinados productos financieros. Aunque posteriormente dicha información fuera completada mediante la expedición de un nuevo certificado, esta actuación se produjo una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha del fallecimiento de la causante para presentar la autoliquidación del impuesto, lo que impidió al heredero beneficiarse de la bonificación autonómica prevista para las adquisiciones mortis causa.

La Sala entiende que la entidad demandada no cumplió diligentemente sus obligaciones de información, sin que exista causa que justifique su actuación ni proceda apreciar culpa exclusiva o concurrente del heredero. Este no era cotitular de los productos cuya información se omitió y no pueden trasladársele las consecuencias de un incumplimiento imputable exclusivamente a la entidad bancaria. Tampoco considera procedente moderar la responsabilidad del Banco pues aprecia una negligencia grave, teniendo en cuenta la especial diligencia exigible a una entidad profesional del sector en el cumplimiento de su obligación de informar a los herederos sobre las posiciones del causante, precisamente para que puedan atender sus obligaciones tributarias y beneficiarse de las bonificaciones legalmente previstas.

En cuanto al perjuicio, considera acreditada la relación causal entre la emisión incompleta del certificado y la pérdida de la bonificación fiscal, así como la cuantía de la diferencia abonada por el heredero, cuya liquidación no había sido cuestionada por la entidad demandada. En consecuencia, revoca la sentencia de primera instancia, estima íntegramente la demanda y condena a la entidad bancaria a indemnizar al demandante por los daños y perjuicios ocasionados, con los intereses legales devengados desde la reclamación extrajudicial.

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