Venta alzada de créditos litigiosos y derecho de retracto




Vicente Roldán

Socio del área de Derecho Procesal y Concursal de BROSETA

Diario La Ley, Nº 9747, Sección Tribuna, 2 de Diciembre de 2020, Wolters Kluwer

Normativa comentada

Jurisprudencia comentada

Resumen

La sentencia de 505/2020 del Tribunal Supremo de fecha 5 de octubre de 2020 parece que ha venido a dar respuesta a un debate que durante años se estaba manteniendo en torno al derecho de retracto del crédito litigioso previsto en el artículo 1535 del Código Civil en relación con la figura de la venta conjunta de bienes, sea por precio alzado o en globo, dando algunas pautas sobre la imposibilidad de individualizar los elementos integrados en la cartera. Además, viene a complementar algunas cuestiones apuntadas por la Sentencia 151/2020 de 5 de marzo, pero a nuestro juicio deja algunas consideraciones en torno a las interpretaciones que realiza en torno a las ventas de carteras a fondos y las operadas en el marco de la reestructuración financiera, apuntando un dato que podría dar una pista para ajustar el importe individualizado de los créditos.

La reciente Sentencia 505/2020 del Tribunal Supremo de fecha 5 de octubre de 2020 (LA LEY 131930/2020) parece que ha venido a dar respuesta a un debate que durante años se estaba manteniendo en torno al derecho de retracto del crédito litigioso previsto en el artículo 1535 del Código Civil (LA LEY 1/1889) en relación con la figura de la venta conjunta de bienes, sea por precio alzado o en globo: en esencia, tras diferenciar la venta por precio alzado (un conjunto de bienes detallados, por precio único) de la venta en globo (un conjunto de bienes sin enumeración o detalle, también por precio único), viene a señalar respecto del caso en cuestión, venta alzada, que se trata de una compraventa unitaria, en el sentido de entender que se trata de una venta con una pluralidad de objetos a través de un contrato y precio único, y no como la suma de tantas compraventas como objetos comprende, de ahí que no pueda individualizarse el precio de cada objeto (crédito).

Hasta la fecha, el Tribunal Supremo (Sentencia 165/2015 de 1 de abril (LA LEY 37098/2015)) había partido de un dato relevante para excluir la posibilidad de ejercitar el derecho de retracto cuando nos encontrábamos ante una denominada venta por precio alzado o en globo del artículo 1532 del Código Civil (LA LEY 1/1889): concretamente se basaba la ratio de dicha decisión, y estaba justificada, en el hecho de que la transmisión de los créditos se hacía en el marco de una operación de transmisión o segregación de una parte del patrimonio que configuraba una unidad económica al amparo de la ley 3/2009 de modificaciones estructurales (artículo 71) (LA LEY 5826/2009) que se enmarcaba en un proceso de reestructuración del sector financiero.

La eventual aplicación del referido derecho de retracto a los supuestos de transmisión de una pluralidad de créditos a fondos de inversión, nacionales o extranjeros, fue abordada, obiter dicta pero no como ratio decidendi, por la Sentencia 151/2020 de 5 de marzo (LA LEY 7199/2020), declarando que estas cesiones tienen la finalidad de «limpiar balances» a fin de ajustar el valor de los activos (crediticios en este caso) al valor real…«es decir, responden a una finalidad distinta de la transmisión en bloque de un patrimonio. No obstante, considera que se sitúan en el mismo contexto que las previstas en relación con las modificaciones estructurales de sociedades antes mencionada, y también que guarda similitud con «la finalidad a que respondía el art. 36.4,b) de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre (LA LEY 19065/2012), de reestructuración y resolución de entidades de crédito, cuando excluye la aplicación del art. 1535 CC (LA LEY 1/1889) en el caso de cesión de créditos litigiosos a la sociedad de gestión de activos». Todas ellas las enmarca en el contexto de la reestructuración del sistema financiero.

La Sentencia 505/2020, de 5 de octubre (LA LEY 131930/2020), consagra el anterior criterio interpretativo, que aquí se erige en ratio decidenci, aunque parece en parte ciertamente contradictoria con la anteriormente citada Sentencia 165/2015 de 1 de abril del Alto Tribunal, pues uno de los razonamientos jurídicos que avalan el rechazo del recurso de casación es el de la identidad de razón que se observa, por la circunstancia antes apuntada, esto es, la imposibilidad de subrogación en la posición contractual del cesionario, para excluir del ámbito de aplicación del art. 1535 CC (LA LEY 1/1889) los casos de traspaso en bloque a consecuencia de una segregación de una parte del patrimonio de la sociedad acreedora que conforma una unidad económica, al amparo del art. 71 de la Ley 3/2009, de 3 de abril (LA LEY 5826/2009), de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ( sentencia 165/2015, de 1 de abril (LA LEY 37098/2015)) —unidad del negocio jurídico y ausencia de individualización de los créditos—; además de que en este caso no recibe la sociedad segregada una contraprestación en dinero, sino acciones, participaciones o cuotas de la beneficiaria.
El TS homologa las cesiones de naturaleza heterogénea, bajo el denominador común de que traen causa en la reestructuración del sistema financiero

Sin embargo, y sin perder de vista que el Tribunal Supremo homologa las referidas cesiones de naturaleza heterogénea
bajo el denominador común de que traen causa en la reestructuración del sistema financiero, cabe hacer, a nuestro juicio, algunas consideraciones a valorar a efectos de crítica por cuanto: (i) la venta de carteras es ajena a la transmisión en bloque de un negocio o unidad productiva, ya que lo que recibe la entidad financiera transmitente no son acciones o cuotas del fondo que adquiere, sino dinero; (ii) la propia referencia de la Sentencia 151/2020 (LA LEY 7199/2020) a un detalle relevante en caso de venta de carteras: ajustar el valor de los activos a su valor real; (iii) se parte de un dato cierto y es el que el crédito cedido en conjunto no tiene el valor real de su nominal primigenio.

Sobre estas premisas, hay otro elemento de crítica: la Sentencia aquí comentada con cita de otra de 30 de abril de 2007 (LA LEY 23105/2007) reseña que no hay enriquecimiento injusto pero en dicha sentencia se aborda un dato esencial se paga el mismo precio por el deudor. Pero si analizamos los razonamientos de las tres sentencias citadas hay que partir de dos datos claves: (i) el importe de lo pagado se ajusta a su valor real, por tanto no existe identidad entre lo adeudado y el valor real asignado por transmitente y adquirente en el volumen de la compraventa y (ii) si se está discutiendo el crédito por negarse su existencia se está atacando precisamente a la base del negocio lo que determina que la entidad transmitente tenga en cuenta esa circunstancia para «empaquetar» el crédito y venderlo, lo que a nuestro juicio mal se compadece con la finalidad de evitar pleitos del 1535 del código civil. (LA LEY 1/1889)

La discusión ahora sería la de si podemos considerar que, aun no cabiendo el retracto, el importe de cancelación del crédito debe ser para el deudor el que, al menos a prorrata, se ha pagado por él en un negocio jurídico entre transmitente y adquirente, sobre la base de algunas resoluciones judiciales de instancia y de la Audiencia Provincial de Barcelona, porque de lo contrario y por mucho que se trate de una venta de diversos objetos, al menos, algunos de ellos se transmiten de consuno por voluntad de las partes por su valor real.

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Ya se han dado a conocer numerosos casos de falsificación de resultados del test de antígenos, de la prueba PCR o incluso del certificado Covid Sin embargo, tras la implantación de estas exigencias no ha faltado la picaresca habitual dentro de nuestras fronteras y los medios de comunicación ya han dado a conocer numerosos casos de falsificación de resultados del test de antígenos, de la prueba PCR o incluso del certificado Covid. Los motivos para incumplir la obligación de practicarse pruebas de detección son diversos, desde la gran urgencia que existía para obtener la prueba y poder así volar, hasta ahorrarse el precio de realizarse la prueba. En la mayoría de casos, los autores obran con desconocimiento de la gravedad de su conducta. Se trata de una falsificación común que no requiere de una especialización particular, ya que en la mayoría de las ocasiones se elabora a partir de un resultado de prueba PCR o de test previo a través de programas informáticos de edición de imágenes. En cualquier caso, vamos a analizar las consecuencias jurídicas de tal acto, que constituye un ilícito penal, no administrativo, y como tal, conlleva penas de prisión para el autor/es. I. ¿Qué delito es y qué penas puede acarrear falsificar un test de antígenos, una PCR o certificado Covid? Se trata de una falsedad documental tipificada en el art. 390 y siguientes del Código Penal (LA LEY 3996/1995). Por lo tanto, no es una sanción administrativa que tramita el Ministerio de Sanidad o del Interior y que acarrea únicamente una multa económica, sino que es un delito que investigará un Juez de Instrucción y enjuiciará un Juzgado de lo Penal. 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Por este motivo, serán los tribunales los que establezcan si se trata de la modalidad de falsificación más leve o más grave, siempre teniendo en cuenta los precedentes judiciales y las alegaciones de los abogados defensores especializados en falsedades y del Ministerio Fiscal. Los casos de falsificación de certificado Covid., a pesar de lo que su propio nombre podría indicar, ofrecen poca duda y serán calificados como falsedad de documento público, la modalidad más grave, puesto que se trata de un documento (digital o analógico) emitido por el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad de una Comunidad Autónoma. Sin embargo, los casos de falsificación de test de antígenos o de pruebas PCR en laboratorios privados están sujetos a debate. La fiscalía viene calificando los hechos como falsedad de documento público y habitualmente solicitando penas de hasta 3 años de prisión, salvo concurrencia de alguna atenuante del art. 21 del CP. (LA LEY 3996/1995) Sin embargo, existe jurisprudencia favorable a la calificación de la falsedad de prueba PCR como mera falsedad de certificado y en este sentido destacamos la Sentencia 605/2021 de 23 Sep. 2021 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 2ª. (Acceso a laleydigital) III. ¿Cómo se determina que el certificado, la prueba o el test es falso? El procedimiento habitualmente se iniciará de dos formas: — A instancias del agente de la autoridad que tras comprobar la veracidad del certificado Covid., la prueba PCR o el test de antígenos, tenga indicios de que son falsos. Normalmente lo detectan en frontera, en la entrada de edificios oficiales o en controles aleatorios. — Tras la denuncia presentada por particular o por personal de seguridad de cualquier edificio (académico, científico, empresarial, etc.) que detecta una prueba con indicios de ser falsa, bien sea por un código QR ilegible, a través de llamada al laboratorio emisor para confirmar la veracidad o por las propias características de la prueba: color, calidad de la impresión, etc. A este respecto es importante señalar que existen casos en los que aunque el certificado Covid o la prueba PCR sea objetivamente falsa, el autor deberá ser absuelto. Se trata de los supuestos de falsedad burda, en los que la falsedad es tan obvia que cualquiera que la analiza sin tener formación específica para ello, puede percatarse de que es falsa. (Acceso a guiasjuridicas.wolterskluwer.es) IV. ¿Cuáles son las fases de un procedimiento por falsedad? En primer lugar, en los casos en que es la Policía la que detecta indicios de falsedad, procederá a detener a la persona que porte el documento, a continuación le leerá sus derechos conforme lo dispuesto en el art. 520 de la Lecrim (LA LEY 1/1882) y redactará el atestado, en el que incluirá el documento falso. A continuación, enviará el atestado al Juzgado competente (el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda de la localidad donde han ocurrido los hechos) para que incoe un nuevo procedimiento. Este sería el momento procesal oportuno para plantear una prueba pericial del certificado en los casos en que se discrepe con la opinión de la policía o del juez instructor o bien para aportar testigos que demuestren que el investigado era desconocedor de la falsedad o no era el autor de la misma. V. ¿Qué sucede si el portador del certificado o la prueba no es el autor de la falsedad? También es delito tipificado en el Código Penal, pero más leve. Cuando se trate de un certificado Covid., es decir, documento público u oficial, el art. 392.2 dispone que se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que haga uso, a sabiendas, de un documento falso. Cuando se trate de una prueba PCR o un test de antígenos y no exista prueba de que el portador es el autor del certificado, las penas serán de multa de tres a seis meses. VI. ¿Cómo demostrar que el portador era desconocedor de la falsedad? A este respecto nos remitimos a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la prueba indiciaria y los requisitos establecidos para poder deducir razonablemente la acreditación de ciertos hechos. Acceso a guiasjuridicas.wolterskluwer.es Teniendo en cuenta que para el portador de una prueba médica falsa, aportar una prueba plena del desconocimiento de este hecho puede resultar una prueba diabólica, puesto que nadie puede probar un estado subjetivo de convicción moral, los tribunales alcanzarán su convicción practicando un juicio de inferencia y deducción a partir de los contraindicios que el investigado aporte. De este modo, en los casos en que el investigado efectivamente acudió a un laboratorio habilitado y le practicaron el hisopado nasal, efectivamente nada pudo hacerle prever que el resultado que le fue entregado no fuera cierto. A sensu contrario, tal y como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona anteriormente señalada en sus fundamentos jurídicos, cuando el portador del certificado Covid o la prueba PCR ni siquiera ha hecho las gestiones mínimas (acudir a un centro, toma de muestras por un facultativo, etc.) para obtener el resultado que presenta a las autoridades, es difícil que su alegación prospere.

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Ya se han dado a conocer numerosos casos de falsificación de resultados del test de antígenos, de la prueba PCR o incluso del certificado Covid Sin embargo, tras la implantación de estas exigencias no ha faltado la picaresca habitual dentro de nuestras fronteras y los medios de comunicación ya han dado a conocer numerosos casos de falsificación de resultados del test de antígenos, de la prueba PCR o incluso del certificado Covid. Los motivos para incumplir la obligación de practicarse pruebas de detección son diversos, desde la gran urgencia que existía para obtener la prueba y poder así volar, hasta ahorrarse el precio de realizarse la prueba. En la mayoría de casos, los autores obran con desconocimiento de la gravedad de su conducta. Se trata de una falsificación común que no requiere de una especialización particular, ya que en la mayoría de las ocasiones se elabora a partir de un resultado de prueba PCR o de test previo a través de programas informáticos de edición de imágenes. En cualquier caso, vamos a analizar las consecuencias jurídicas de tal acto, que constituye un ilícito penal, no administrativo, y como tal, conlleva penas de prisión para el autor/es. I. ¿Qué delito es y qué penas puede acarrear falsificar un test de antígenos, una PCR o certificado Covid? Se trata de una falsedad documental tipificada en el art. 390 y siguientes del Código Penal (LA LEY 3996/1995). Por lo tanto, no es una sanción administrativa que tramita el Ministerio de Sanidad o del Interior y que acarrea únicamente una multa económica, sino que es un delito que investigará un Juez de Instrucción y enjuiciará un Juzgado de lo Penal. 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Por este motivo, serán los tribunales los que establezcan si se trata de la modalidad de falsificación más leve o más grave, siempre teniendo en cuenta los precedentes judiciales y las alegaciones de los abogados defensores especializados en falsedades y del Ministerio Fiscal. Los casos de falsificación de certificado Covid., a pesar de lo que su propio nombre podría indicar, ofrecen poca duda y serán calificados como falsedad de documento público, la modalidad más grave, puesto que se trata de un documento (digital o analógico) emitido por el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad de una Comunidad Autónoma. Sin embargo, los casos de falsificación de test de antígenos o de pruebas PCR en laboratorios privados están sujetos a debate. La fiscalía viene calificando los hechos como falsedad de documento público y habitualmente solicitando penas de hasta 3 años de prisión, salvo concurrencia de alguna atenuante del art. 21 del CP. 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Cuando se trate de un certificado Covid., es decir, documento público u oficial, el art. 392.2 dispone que se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que haga uso, a sabiendas, de un documento falso. Cuando se trate de una prueba PCR o un test de antígenos y no exista prueba de que el portador es el autor del certificado, las penas serán de multa de tres a seis meses. VI. ¿Cómo demostrar que el portador era desconocedor de la falsedad? A este respecto nos remitimos a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la prueba indiciaria y los requisitos establecidos para poder deducir razonablemente la acreditación de ciertos hechos. 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