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23
Ene

El TS analiza diversas cuestiones relacionadas con la vulneración del derecho al honor por la inclusión de los datos personales en un fichero de morosos Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 945/2022, 20 Dic. Recurso 2737/2022 (LA LEY 299907/2022) Diario La Ley, Nº 10213, Sección La Sentencia del día, 23 de Enero de 2023, LA LEY

23 enero 2023,
El carácter usurario del préstamo no determina la ilicitud de la comunicación al fichero de morosos de los datos personales del prestatario que no ha devuelto el capital del préstamo y que no ha promovido controversia respecto del préstamo ni ha intentado pagar el capital prestado. Subsistencia del requisito del requerimiento previo de pago tras...
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23
Ene

La discapacidad una visión integral y práctica de la Ley 8/2021, de 2 de junio Quesada Sarmiento, María Jesús Diario La Ley, Nº 10213, Sección Tribuna, 23 de Enero de 2023,

23 enero 2023,
La discapacidad una visión integral y práctica de la Ley 8/2021, de 2 de junioQuesada Sarmiento, María JesúsDiario La Ley, Nº 10213, Sección Tribuna, 23 de Enero de 2023, LA LEYÍNDICELa discapacidad una visión integral y práctica de la Ley 8/2021, de 2 de junioI. Breve historia sobre el proceso de incapacitaciónII. El ejercicio de...
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05
Sep

NO VULNERACION DERECHO AL HONOR

5 septiembre 2022
Entrevistas concedidas por dos jugadoras de baloncesto en las que critican la actividad de su entrenador en el ámbito deportivoJuzgado de Primera Instancia nº 51 Madrid, Sentencia 27 Junio 2022Inexistencia de vulneración del derecho al honor. Veracidad de los hechos que tienen el correspondiente soporte fáctico, sin insultos ni expresiones injuriosas. Interés general de la...
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05
Sep

Concesión de la custodia compartida a dos progenitores condenados por agredir al otro y que han incumplido el régimen de visitas, reteniendo a los hijos sin devolverlos

5 septiembre 2022
Concesión de la custodia compartida a dos progenitores condenados por agredir al otro y que han incumplido el régimen de visitas, reteniendo a los hijos sin devolverlosAudiencia Provincial Murcia, Sentencia 31 Marzo 2022Diario La Ley, Nº 10119, Sección Jurisprudencia, 27 de Julio de 2022, Wolters KluwerNo hay diferencia entre los progenitores. Ninguno de ellos ha...
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05
Sep

el derecho de la gestante a elegir el lugar de nacimiento de su hijo Vicente Lomas Hernández

5 septiembre 2022
STC 66/2022, de 2 de junio: el derecho de la gestante a elegir el lugar de nacimiento de su hijoVicente Lomas HernándezDiario La Ley, Nº 10119, Sección Tribuna, 27 de Julio de 2022, Wolters KluwerÍNDICEI. Exposición del casoII. Los hechosIII. Votos particularesNormativa comentadaJurisprudencia comentadaResumenEl Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo contra los autos que...
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07
Jun

Ejercicio en fraude de ley de la acción de resolución de arrendamiento de vivienda por necesidad del arrendador

7 junio 2022,
Audiencia Provincial Les Illes Balears, Sentencia 19 Mayo 2021 Diario La Ley, Nº 10084, 7 de Junio de 2022, Wolters Kluwer Aunque el pacto sucesorio en virtud del cual el arrendador devino propietario de la vivienda sea lícito, se refería únicamente a la vivienda alquilada y de renta antigua, cuando su madre tenía otra vivienda en...
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28
Ene

Álvaro Ruiz de la Iglesia Socio en Olimpa Abogados Después de que hayan transcurrido dos años desde que comenzó la pandemia causada por el virus SARS-COVID 19, las restricciones para poder realizar viajes transfronterizos y para poder acceder a interiores de edificios oficiales, recintos públicos, hoteles, centros de conferencias, etc. se han extendido en toda la Unión Europea y también en España. La disparidad de requisitos para poder entrar en un país o incluso en una comunidad autónoma distinta a la de origen han provocado que numerosos ciudadanos desconozcan las restricciones existentes y, tras haber sido requeridos para aportar certificado Covid o PCR negativa realizada en las últimas 48 o 72 horas, hayan tenido que cancelar su viaje o que acudir al centro más cercano a fin de realizarse una prueba para confirmar que no estaban infectados por el virus. Ya se han dado a conocer numerosos casos de falsificación de resultados del test de antígenos, de la prueba PCR o incluso del certificado Covid Sin embargo, tras la implantación de estas exigencias no ha faltado la picaresca habitual dentro de nuestras fronteras y los medios de comunicación ya han dado a conocer numerosos casos de falsificación de resultados del test de antígenos, de la prueba PCR o incluso del certificado Covid. Los motivos para incumplir la obligación de practicarse pruebas de detección son diversos, desde la gran urgencia que existía para obtener la prueba y poder así volar, hasta ahorrarse el precio de realizarse la prueba. En la mayoría de casos, los autores obran con desconocimiento de la gravedad de su conducta. Se trata de una falsificación común que no requiere de una especialización particular, ya que en la mayoría de las ocasiones se elabora a partir de un resultado de prueba PCR o de test previo a través de programas informáticos de edición de imágenes. En cualquier caso, vamos a analizar las consecuencias jurídicas de tal acto, que constituye un ilícito penal, no administrativo, y como tal, conlleva penas de prisión para el autor/es. I. ¿Qué delito es y qué penas puede acarrear falsificar un test de antígenos, una PCR o certificado Covid? Se trata de una falsedad documental tipificada en el art. 390 y siguientes del Código Penal (LA LEY 3996/1995). Por lo tanto, no es una sanción administrativa que tramita el Ministerio de Sanidad o del Interior y que acarrea únicamente una multa económica, sino que es un delito que investigará un Juez de Instrucción y enjuiciará un Juzgado de lo Penal. Las penas a imponer por este ilícito penal, dependiendo de su gravedad, son las siguientes: — Delito de falsedad de documento público, oficial, mercantil, art. 392 del CP (LA LEY 3996/1995), que será castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. — Delito de falsedad de documento privado, art. 395 del CP (LA LEY 3996/1995), que será castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años. — Delito de falsedad de certificados, art. 397 y ss del CP (LA LEY 3996/1995), que acarrea penas sensiblemente inferiores, de 3 a 6 meses. II. ¿En qué casos será considerada falsedad de documento y en cuáles falsedad de certificado? Nuestro Código Penal no establece con claridad la diferencia entre documento y certificado, ni por supuesto señala a qué categoría pertenecen los resultados de los test de antígenos, de la prueba PCR o el Certificado Covid. Por este motivo, serán los tribunales los que establezcan si se trata de la modalidad de falsificación más leve o más grave, siempre teniendo en cuenta los precedentes judiciales y las alegaciones de los abogados defensores especializados en falsedades y del Ministerio Fiscal. Los casos de falsificación de certificado Covid., a pesar de lo que su propio nombre podría indicar, ofrecen poca duda y serán calificados como falsedad de documento público, la modalidad más grave, puesto que se trata de un documento (digital o analógico) emitido por el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad de una Comunidad Autónoma. Sin embargo, los casos de falsificación de test de antígenos o de pruebas PCR en laboratorios privados están sujetos a debate. La fiscalía viene calificando los hechos como falsedad de documento público y habitualmente solicitando penas de hasta 3 años de prisión, salvo concurrencia de alguna atenuante del art. 21 del CP. (LA LEY 3996/1995) Sin embargo, existe jurisprudencia favorable a la calificación de la falsedad de prueba PCR como mera falsedad de certificado y en este sentido destacamos la Sentencia 605/2021 de 23 Sep. 2021 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 2ª. (Acceso a laleydigital) III. ¿Cómo se determina que el certificado, la prueba o el test es falso? El procedimiento habitualmente se iniciará de dos formas: — A instancias del agente de la autoridad que tras comprobar la veracidad del certificado Covid., la prueba PCR o el test de antígenos, tenga indicios de que son falsos. Normalmente lo detectan en frontera, en la entrada de edificios oficiales o en controles aleatorios. — Tras la denuncia presentada por particular o por personal de seguridad de cualquier edificio (académico, científico, empresarial, etc.) que detecta una prueba con indicios de ser falsa, bien sea por un código QR ilegible, a través de llamada al laboratorio emisor para confirmar la veracidad o por las propias características de la prueba: color, calidad de la impresión, etc. A este respecto es importante señalar que existen casos en los que aunque el certificado Covid o la prueba PCR sea objetivamente falsa, el autor deberá ser absuelto. Se trata de los supuestos de falsedad burda, en los que la falsedad es tan obvia que cualquiera que la analiza sin tener formación específica para ello, puede percatarse de que es falsa. (Acceso a guiasjuridicas.wolterskluwer.es) IV. ¿Cuáles son las fases de un procedimiento por falsedad? En primer lugar, en los casos en que es la Policía la que detecta indicios de falsedad, procederá a detener a la persona que porte el documento, a continuación le leerá sus derechos conforme lo dispuesto en el art. 520 de la Lecrim (LA LEY 1/1882) y redactará el atestado, en el que incluirá el documento falso. A continuación, enviará el atestado al Juzgado competente (el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda de la localidad donde han ocurrido los hechos) para que incoe un nuevo procedimiento. Este sería el momento procesal oportuno para plantear una prueba pericial del certificado en los casos en que se discrepe con la opinión de la policía o del juez instructor o bien para aportar testigos que demuestren que el investigado era desconocedor de la falsedad o no era el autor de la misma. V. ¿Qué sucede si el portador del certificado o la prueba no es el autor de la falsedad? También es delito tipificado en el Código Penal, pero más leve. Cuando se trate de un certificado Covid., es decir, documento público u oficial, el art. 392.2 dispone que se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que haga uso, a sabiendas, de un documento falso. Cuando se trate de una prueba PCR o un test de antígenos y no exista prueba de que el portador es el autor del certificado, las penas serán de multa de tres a seis meses. VI. ¿Cómo demostrar que el portador era desconocedor de la falsedad? A este respecto nos remitimos a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la prueba indiciaria y los requisitos establecidos para poder deducir razonablemente la acreditación de ciertos hechos. Acceso a guiasjuridicas.wolterskluwer.es Teniendo en cuenta que para el portador de una prueba médica falsa, aportar una prueba plena del desconocimiento de este hecho puede resultar una prueba diabólica, puesto que nadie puede probar un estado subjetivo de convicción moral, los tribunales alcanzarán su convicción practicando un juicio de inferencia y deducción a partir de los contraindicios que el investigado aporte. De este modo, en los casos en que el investigado efectivamente acudió a un laboratorio habilitado y le practicaron el hisopado nasal, efectivamente nada pudo hacerle prever que el resultado que le fue entregado no fuera cierto. A sensu contrario, tal y como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona anteriormente señalada en sus fundamentos jurídicos, cuando el portador del certificado Covid o la prueba PCR ni siquiera ha hecho las gestiones mínimas (acudir a un centro, toma de muestras por un facultativo, etc.) para obtener el resultado que presenta a las autoridades, es difícil que su alegación prospere.

28 enero 2022
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16
Ago

MALTRATO HABITUAL NO SE EQUIPARA A SUMA DE ACTOS. LO RELEVANTE ES EL CLIMA SISTEMATICO DE MALTRATO.

16 agosto 2021,
El delito de maltrato habitual no es equiparable a una mera suma aritmética de los ilícitos en que se hayan podido subsumir los actos de violencia, sino que lo relevante es el valor añadido de lesividad que exige el menoscabo de la seguridad y libertad de la víctima. Lo relevante es que este tipo de...
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Sticky Post
16
Ago

El Tribunal Supremo señala que el impago de pensiones alimenticias es una forma de «violencia económica»

16 agosto 2021, ,
24-3-2021 | Tribunal SupremoEn una sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado Vicente Magro, condena a un hombre que dejó de abonar las pensiones por alimentos a su familia por el delito del art. 227 CP a seis meses de prisión, manteniendo la condena por el delito de alzamiento de bienes por haberse...
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03
Ago

La empresa puede prohibir el uso de símbolos religiosos si demuestra que le ocasiona un perjuicio frente a clientes

3 agosto 2021
TJUE, Gran Sala, Sentencia 15 Julio 2021Exige el TJUE que la prohibición del velo responda a una normativa interna de neutralidad religiosa y que el empresario acredite un perjuicio atendiendo a legítimas expectativas de sus clientes o usuarios.ÍNDICETJUE, Gran Sala. Sentencia de 15 Jul. 2021. C-804/2018 (LA LEY 95597/2021) Aunque el TJUE declara que las...
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