Deudas aplazables con Hacienda

Las deudas, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente, previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. Sobre deudas aplazables, términos fijados y plazos establecidos.

Se puede postergar el pago de buena parte de los impuestos y deudas con Hacienda, con importe inferior a 30.000 euros y también superior, mediante las operaciones de fraccionamiento o aplazamiento. Eso sí, el importe de la deuda marcará, como más adelante veremos, las condiciones del aplazamiento como el plazo máximo, la aportación de garantías o el tipo de procedimiento.

Como norma general se pueden aplazar los principales pagos fraccionados y liquidaciones trimestrales de los autónomos empresarios y profesionales, esto es:

– Los pagos fraccionados del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tanto en estimación directa como en estimación objetiva (módulos). Modelos 130 y 131 respectivamente.

– Declaración trimestral de IVA, modelo 303. La posibilidad de aplazamiento de IVA se debe a que Hacienda presupone que el IVA que hay que presentar aún no se ha cobrado.
¿Y los impuestos anuales, se pueden aplazar?

Si el resultado de tu Renta es a pagar también puedes aplazar el pago del importe. La normativa del IRPF prevé la posibilidad de fraccionar la deuda tributaria distribuyendo la cuota en dos pagos: el primer pago será del 60% del importe y se efectuará en el momento de presentar la declaración, ya sea en efectivo, con cargo en cuenta, o por domiciliación bancaria. El segundo pago será del 40% restante y se podrá realizar hasta la fecha que marque la propia Hacienda en su calendario fiscal siempre que la declaración se presente dentro del plazo establecido y no se trate de una declaración complementaria. Este fraccionamiento puedes hacerlo al cumplimentar la declaración, en el propio documento de ingreso o devolución. Además, no se aplica ningún tipo de interés.

Si hablamos del modelo 200, anual del Impuesto de Sociedades, su importe resultante también se puede aplazar.

La declaración anual de IVA, modelo 390, junto al resto de declaraciones informativas no son aplazables al no conllevar ningún pago.
Deudas inaplazables con Hacienda

Con independencia de si la deuda adquirida es inferior o superior a 30.000 euros, no se podrá aplazar la deudas derivadas de:

Retenciones e ingresos a cuenta declarados en los modelos 111,115 y 123. Hay que entender que este dinero no es del autónomo que retiene por lo que no puede disponer de él y ha de guardarlo para ingresarlo a Hacienda.

Los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades. Modelo 202.

Ejecución de resoluciones firmes desestimatorias suspendidas en reclamaciones y/o recursos.
Solicitud de aplazamiento de deuda

La sede electrónica de Hacienda permite la solicitud telemática de aplazamientos de liquidaciones tributarias, en cualquier momento, desde el inicio del periodo oficial de pago del impuesto de que se trate hasta la fecha de vencimiento. Lo más habitual es solicitar el aplazamiento en el momento de presentación del modelo en cuestión y contando para ello con el servicio de asesoría fiscal que gestiona tus impuestos.

Una vez marcadas las casillas de reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento habrás de aportar los datos que Hacienda te solicita. Entre ellos el importe de la deuda, la cuenta bancaria de domiciliación de pagos, el motivo del aplazamiento, el tipo de garantías ofrecidas y el número de aplazamientos. Profundicemos más en las dos últimas cuestiones:
Tipo de garantías ofrecidas

Si el importe de la deuda está por debajo de 30.000 euros, como deudor no tienes obligación de aportar garantías, por lo que el proceso está completamente automatizado. Tan solo has de reflejar en la solicitud que la deuda está exenta de aporte de garantías.

En el supuesto de que la deuda sobrepase la cifra de 30.000 euros, entonces, Hacienda sí exige garantías de pago. Ya no se trataría de un proceso automático sino de un procedimiento ordinario.

¿Qué tipo de garantías debes ofrecer para el aplazamiento de una deuda superior a 30.000 euros? Un aval bancario o una valoración de los bienes ofrecidos en garantía es lo más habitual. El aval, cuya vigencia tiene que superar los seis meses tras el vencimiento del plazo, ha de cubrir no solo el importe de la deuda sino también los intereses de demora.

Dicho aval se tiene que formalizar en un plazo de dos meses desde el día siguiente de la notificación del acuerdo de concesión de aplazamiento.
Plazo máximo de aplazamiento

Estos plazos también están marcados por el importe de la deuda de IVA e IRPF en los casos en que es posible el aplazamiento (salvo en el IRPF anual que tiene su propio sistema de aplazamientos).

Para deudas por debajo de 30.000 euros:

– 12 meses si hablamos de personas físicas.

– 6 meses si hablamos de personas jurídicas.

Para deudas por encima de 30.000 euros el plazo máximo de aplazamiento es de 36 meses sin distinguir entre persona física o jurídica.

Al presentar la solicitud de aplazamiento hay que incluir una propuesta de calendario de pagos, teniendo en cuenta los plazos mencionados, que Hacienda puede aprobar o desestimar, en cuyo caso es posible que plantee un calendario alternativo. De lo contrario puedes recibir una carta de pago por el total de la deuda y ganar algo de tiempo.

Si no se hace frente a alguno de los pagos, Hacienda anula el aplazamiento y puede iniciar el procedimiento de apremio, que incluye la posibilidad de ejecutar embargos.

Fuente: Infoautónomos.

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Ya se han dado a conocer numerosos casos de falsificación de resultados del test de antígenos, de la prueba PCR o incluso del certificado Covid Sin embargo, tras la implantación de estas exigencias no ha faltado la picaresca habitual dentro de nuestras fronteras y los medios de comunicación ya han dado a conocer numerosos casos de falsificación de resultados del test de antígenos, de la prueba PCR o incluso del certificado Covid. Los motivos para incumplir la obligación de practicarse pruebas de detección son diversos, desde la gran urgencia que existía para obtener la prueba y poder así volar, hasta ahorrarse el precio de realizarse la prueba. En la mayoría de casos, los autores obran con desconocimiento de la gravedad de su conducta. Se trata de una falsificación común que no requiere de una especialización particular, ya que en la mayoría de las ocasiones se elabora a partir de un resultado de prueba PCR o de test previo a través de programas informáticos de edición de imágenes. En cualquier caso, vamos a analizar las consecuencias jurídicas de tal acto, que constituye un ilícito penal, no administrativo, y como tal, conlleva penas de prisión para el autor/es. I. ¿Qué delito es y qué penas puede acarrear falsificar un test de antígenos, una PCR o certificado Covid? Se trata de una falsedad documental tipificada en el art. 390 y siguientes del Código Penal (LA LEY 3996/1995). Por lo tanto, no es una sanción administrativa que tramita el Ministerio de Sanidad o del Interior y que acarrea únicamente una multa económica, sino que es un delito que investigará un Juez de Instrucción y enjuiciará un Juzgado de lo Penal. Las penas a imponer por este ilícito penal, dependiendo de su gravedad, son las siguientes: — Delito de falsedad de documento público, oficial, mercantil, art. 392 del CP (LA LEY 3996/1995), que será castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. — Delito de falsedad de documento privado, art. 395 del CP (LA LEY 3996/1995), que será castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años. — Delito de falsedad de certificados, art. 397 y ss del CP (LA LEY 3996/1995), que acarrea penas sensiblemente inferiores, de 3 a 6 meses. II. ¿En qué casos será considerada falsedad de documento y en cuáles falsedad de certificado? Nuestro Código Penal no establece con claridad la diferencia entre documento y certificado, ni por supuesto señala a qué categoría pertenecen los resultados de los test de antígenos, de la prueba PCR o el Certificado Covid. Por este motivo, serán los tribunales los que establezcan si se trata de la modalidad de falsificación más leve o más grave, siempre teniendo en cuenta los precedentes judiciales y las alegaciones de los abogados defensores especializados en falsedades y del Ministerio Fiscal. Los casos de falsificación de certificado Covid., a pesar de lo que su propio nombre podría indicar, ofrecen poca duda y serán calificados como falsedad de documento público, la modalidad más grave, puesto que se trata de un documento (digital o analógico) emitido por el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad de una Comunidad Autónoma. Sin embargo, los casos de falsificación de test de antígenos o de pruebas PCR en laboratorios privados están sujetos a debate. La fiscalía viene calificando los hechos como falsedad de documento público y habitualmente solicitando penas de hasta 3 años de prisión, salvo concurrencia de alguna atenuante del art. 21 del CP. (LA LEY 3996/1995) Sin embargo, existe jurisprudencia favorable a la calificación de la falsedad de prueba PCR como mera falsedad de certificado y en este sentido destacamos la Sentencia 605/2021 de 23 Sep. 2021 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 2ª. (Acceso a laleydigital) III. ¿Cómo se determina que el certificado, la prueba o el test es falso? El procedimiento habitualmente se iniciará de dos formas: — A instancias del agente de la autoridad que tras comprobar la veracidad del certificado Covid., la prueba PCR o el test de antígenos, tenga indicios de que son falsos. Normalmente lo detectan en frontera, en la entrada de edificios oficiales o en controles aleatorios. — Tras la denuncia presentada por particular o por personal de seguridad de cualquier edificio (académico, científico, empresarial, etc.) que detecta una prueba con indicios de ser falsa, bien sea por un código QR ilegible, a través de llamada al laboratorio emisor para confirmar la veracidad o por las propias características de la prueba: color, calidad de la impresión, etc. A este respecto es importante señalar que existen casos en los que aunque el certificado Covid o la prueba PCR sea objetivamente falsa, el autor deberá ser absuelto. Se trata de los supuestos de falsedad burda, en los que la falsedad es tan obvia que cualquiera que la analiza sin tener formación específica para ello, puede percatarse de que es falsa. (Acceso a guiasjuridicas.wolterskluwer.es) IV. ¿Cuáles son las fases de un procedimiento por falsedad? En primer lugar, en los casos en que es la Policía la que detecta indicios de falsedad, procederá a detener a la persona que porte el documento, a continuación le leerá sus derechos conforme lo dispuesto en el art. 520 de la Lecrim (LA LEY 1/1882) y redactará el atestado, en el que incluirá el documento falso. A continuación, enviará el atestado al Juzgado competente (el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda de la localidad donde han ocurrido los hechos) para que incoe un nuevo procedimiento. Este sería el momento procesal oportuno para plantear una prueba pericial del certificado en los casos en que se discrepe con la opinión de la policía o del juez instructor o bien para aportar testigos que demuestren que el investigado era desconocedor de la falsedad o no era el autor de la misma. V. ¿Qué sucede si el portador del certificado o la prueba no es el autor de la falsedad? También es delito tipificado en el Código Penal, pero más leve. Cuando se trate de un certificado Covid., es decir, documento público u oficial, el art. 392.2 dispone que se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que haga uso, a sabiendas, de un documento falso. Cuando se trate de una prueba PCR o un test de antígenos y no exista prueba de que el portador es el autor del certificado, las penas serán de multa de tres a seis meses. VI. ¿Cómo demostrar que el portador era desconocedor de la falsedad? A este respecto nos remitimos a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la prueba indiciaria y los requisitos establecidos para poder deducir razonablemente la acreditación de ciertos hechos. Acceso a guiasjuridicas.wolterskluwer.es Teniendo en cuenta que para el portador de una prueba médica falsa, aportar una prueba plena del desconocimiento de este hecho puede resultar una prueba diabólica, puesto que nadie puede probar un estado subjetivo de convicción moral, los tribunales alcanzarán su convicción practicando un juicio de inferencia y deducción a partir de los contraindicios que el investigado aporte. De este modo, en los casos en que el investigado efectivamente acudió a un laboratorio habilitado y le practicaron el hisopado nasal, efectivamente nada pudo hacerle prever que el resultado que le fue entregado no fuera cierto. A sensu contrario, tal y como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona anteriormente señalada en sus fundamentos jurídicos, cuando el portador del certificado Covid o la prueba PCR ni siquiera ha hecho las gestiones mínimas (acudir a un centro, toma de muestras por un facultativo, etc.) para obtener el resultado que presenta a las autoridades, es difícil que su alegación prospere.

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