¿Cuánto podría recaudar el impuesto sobre plásticos de un solo uso?


Cumplir el principio de que quien contamina paga ayudaría a establecer un marco de responsabilidad medioambiental, fundamental en un momento de emergencia climática y económica.

El Gobierno parece decidido a emprender la lucha contra los problemas medioambientales. Y en una de sus primeras batallas usará las armas que, sin duda, más posibilidades tienen para lograr los objetivos preestablecidos: los impuestos. De esta forma, el pasado martes puso sobre la mesa un nuevo tributo para reducir los residuos plásticos. Una figura contemplada dentro del anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados que vio luz verde en el último Consejo de Ministros y que arranca su tramitación parlamentaria.

Según los cálculos del Ejecutivo, el impuesto sobre plásticos de un solo uso recaudaría anualmente 724 millones de euros. Pero esos ingresos podrían triplicarse y escalar por encima de los 2.500 millones al año si no se circunscribiera a los plásticos de uso alimentario y se extendiera a toda la fabricación e importación de cualquier tipo de plástico no reutilizable.

Tal cantidad procedería, fundamentalmente, de las 35 mayores empresas del sector de transformación de plásticos en España. El objetivo principal pasaría por reducir el uso de plásticos y, a ser posible, sustituirlos por otros materiales menos contaminantes; más allá de la recaudación. Y en esta línea, desde Gestha ya remitimos a la Dirección General de Tributos nuestras propuestas para articular este anteproyecto de ley que complementa el proyecto de ley de residuos.

Desde un punto de vista más técnico, la base imponible del impuesto debería estar formada por unos 16.000 millones de euros en plásticos de un solo uso que son utilizados en un 40% en envases, un 20% en la construcción, un 8% en la agricultura y pesca, y un 32% en mobiliario, deportes, material eléctrico y electrónico, automóvil, aplicaciones médicas y otros.

Estarían exentos los productos de material plástico duradero para su aplicación habitual (al menos tres años) y de fácil o muy fácil reciclaje. Y deberían aprobarse tipos impositivos superiores para los desechos eliminados en vertederos y los productos plásticos con sustancias añadidas persistentes, bioacumulables y tóxicas.

Pero para salvaguardar los intereses de las empresas afectadas por este gravamen, el impuesto debería introducirse paulatinamente, con bonificaciones para promover su reciclaje, la reducción de plásticos oxodegradables que se degradan en micropartículas, y la reducción de microplásticos vírgenes (presentes en cremas exfoliantes y geles de baño) antes del 3 de julio del próximo año, así como el aumento de la reutilización de plásticos reciclados en los nuevos productos (para superar el 6 % que cifra la Comisión Europea). Para ello, convendría establecer deducciones en la inversión en I+D+i en los bioplásticos para estimular la innovación y reducir la dependencia de España de terceros países.

Una medida que vendría a complementar el impuesto que propusimos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero con el que recaudar más de 10.000 millones de euros al año en España y reducirlas en torno al 3%. De esta manera, nuestro país compensaría un déficit superior a los 6.000 millones de euros que sufre en la imposición medioambiental respecto a la media europea.

Cumplir el principio de que quien contamina paga ayudaría a establecer un marco de responsabilidad medioambiental, fundamental en un momento de emergencia climática y, por qué no decirlo, económica.

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