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GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 23. LEÓN
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DAVID VILLADANGOS
09
Feb

No procede la resolución del arrendamiento si el burofax enviado con esa intención no fue entregado a los arrendatarios por un error de Correos

9 febrero 2022
Audiencia Provincial Barcelona, Sentencia 20 Septiembre 2021 Diario La Ley, Nº 10006, Sección Jurisprudencia, 9 de Febrero de 2022, Wolters Kluwer El error no es imputable a los propietarios, que remitieron la comunicación identificando al destinatario e indicando adecuadamente la dirección. Pero tampoco consta que ese error fuera propiciado por los arrendatarios. Audiencia Provincial Barcelona, Sentencia...
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08
Feb

Para mantener la residencia de larga duración es suficiente con estar en territorio comunitario solo unos días dentro de un periodo de doce meses consecutivos

8 febrero 2022
TJUE, Sala Tercera, Sentencia 20 Enero 2022 Diario La Ley, Nº 10005, Sección La Sentencia del día, 8 de Febrero de 2022, Wolters Kluwer Una vez adquirido el estatuto de residente de larga duración no es necesario que el interesado tenga su residencia habitual o su centro de intereses en territorio comunitario. TJUE, Sala Tercera, Sentencia...
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07
Feb

Es abusivo presentar una demanda de nulidad de cláusulas hipotecarias con la única finalidad de conseguir una condena en costas

7 febrero 2022
Audiencia Provincial Salamanca, Sentencia 10 Junio 2021 Diario La Ley, Nº 10004, Sección Jurisprudencia, 7 de Febrero de 2022, Wolters Kluwer Una demanda de nulidad de cláusulas hipotecarias que no han sido aplicadas por el banco demandado o que, habiendo sido aplicadas causando un perjuicio económico al consumidor, no van acompañadas de acciones de reclamación de...
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04
Feb

El prestatario puede solicitar la nulidad de cada cláusula del préstamo en un proceso distinto con la correspondiente condena en costas del prestamista

4 febrero 2022
Audiencia Provincial Cádiz, Sentencia 20 Septiembre 2021 Diario La Ley, Nº 10003, Sección Jurisprudencia, 4 de Febrero de 2022, Wolters Kluwer La actora ya había formulado previamente la pretensión de nulidad de otras cláusulas del préstamo. Podía haber acumulado las pretensiones que ha formulado separadamente en un solo proceso, pero nadie puede obligarle a que lo...
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03
Feb

No se puede instalar un ascensor en el patio de luces sin autorización del titular de la servidumbre de luces y vistas que grava dicho patio

3 febrero 2022
Audiencia Provincial A Coruña, Sentencia 19 Octubre 2021 Diario La Ley, Nº 10002, Sección Jurisprudencia, 3 de Febrero de 2022, Wolters Kluwer Salvo autorización de la comunidad de propietarios titular de la servidumbre, constituida sobre la totalidad del patio, se impone a la comunidad de propietarios actora la prohibición de instalar el ascensor en toda la superficie...
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02
Feb

Extinción de la pensión compensatoria por el cobro de una pensión de jubilación por la exesposa

2 febrero 2022
Audiencia Provincial Asturias, Sentencia 30 Septiembre 2021 Diario La Ley, Nº 10001, Sección Jurisprudencia, 2 de Febrero de 2022, Wolters Kluwer Constituye una variación sustancial de las condiciones tenidas en consideración que determina la extinción de la prestación. Audiencia Provincial Asturias, Sentencia 338/2021, 30 Sep. Recurso 348/2021 (LA LEY 229717/2021) El Juzgado de Primera Instancia desestimó...
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01
Feb

Acción ejercitada por la aseguradora de la comunidad de propietarios por daños en elementos comunes causados por el incendio originado en una de las viviendas

1 febrero 2022
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 13 Diciembre 2021 Diario La Ley, Nº 10000, Sección Jurisprudencia, 1 de Febrero de 2022, Wolters Kluwer Ausencia de coincidencia de interés entre la comunidad y el copropietario. A efectos de la responsabilidad por daños ejercida por vía de subrogación el dueño de la vivienda no es asegurado sino...
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31
Ene

El alquiler de habitaciones es equiparable al arrendamiento de vivienda para necesidades de residencia autorizado en los estatutos comunitarios

31 enero 2022
Audiencia Provincial Madrid, Sentencia 16 Junio 2021 Diario La Ley, Nº 9999, Sección Jurisprudencia, 28 de Enero de 2022, Wolters Kluwer La finalidad de tal negocio jurídico viene constituida, bajo el presupuesto de la compartición del uso de la vivienda con terceros, por la satisfacción de la necesidad personal, primaria, ordinaria y permanente de vivienda -de...
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28
Ene

El alquiler de habitaciones es equiparable al arrendamiento de vivienda para necesidades de residencia autorizado en los estatutos comunitarios

28 enero 2022
Audiencia Provincial Madrid, Sentencia 16 Junio 2021 Diario La Ley, Nº 9999, Sección Jurisprudencia, 28 de Enero de 2022, Wolters Kluwer La finalidad de tal negocio jurídico viene constituida, bajo el presupuesto de la compartición del uso de la vivienda con terceros, por la satisfacción de la necesidad personal, primaria, ordinaria y permanente de vivienda -de...
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28
Ene

Álvaro Ruiz de la Iglesia Socio en Olimpa Abogados Después de que hayan transcurrido dos años desde que comenzó la pandemia causada por el virus SARS-COVID 19, las restricciones para poder realizar viajes transfronterizos y para poder acceder a interiores de edificios oficiales, recintos públicos, hoteles, centros de conferencias, etc. se han extendido en toda la Unión Europea y también en España. La disparidad de requisitos para poder entrar en un país o incluso en una comunidad autónoma distinta a la de origen han provocado que numerosos ciudadanos desconozcan las restricciones existentes y, tras haber sido requeridos para aportar certificado Covid o PCR negativa realizada en las últimas 48 o 72 horas, hayan tenido que cancelar su viaje o que acudir al centro más cercano a fin de realizarse una prueba para confirmar que no estaban infectados por el virus. Ya se han dado a conocer numerosos casos de falsificación de resultados del test de antígenos, de la prueba PCR o incluso del certificado Covid Sin embargo, tras la implantación de estas exigencias no ha faltado la picaresca habitual dentro de nuestras fronteras y los medios de comunicación ya han dado a conocer numerosos casos de falsificación de resultados del test de antígenos, de la prueba PCR o incluso del certificado Covid. Los motivos para incumplir la obligación de practicarse pruebas de detección son diversos, desde la gran urgencia que existía para obtener la prueba y poder así volar, hasta ahorrarse el precio de realizarse la prueba. En la mayoría de casos, los autores obran con desconocimiento de la gravedad de su conducta. Se trata de una falsificación común que no requiere de una especialización particular, ya que en la mayoría de las ocasiones se elabora a partir de un resultado de prueba PCR o de test previo a través de programas informáticos de edición de imágenes. En cualquier caso, vamos a analizar las consecuencias jurídicas de tal acto, que constituye un ilícito penal, no administrativo, y como tal, conlleva penas de prisión para el autor/es. I. ¿Qué delito es y qué penas puede acarrear falsificar un test de antígenos, una PCR o certificado Covid? Se trata de una falsedad documental tipificada en el art. 390 y siguientes del Código Penal (LA LEY 3996/1995). Por lo tanto, no es una sanción administrativa que tramita el Ministerio de Sanidad o del Interior y que acarrea únicamente una multa económica, sino que es un delito que investigará un Juez de Instrucción y enjuiciará un Juzgado de lo Penal. Las penas a imponer por este ilícito penal, dependiendo de su gravedad, son las siguientes: — Delito de falsedad de documento público, oficial, mercantil, art. 392 del CP (LA LEY 3996/1995), que será castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. — Delito de falsedad de documento privado, art. 395 del CP (LA LEY 3996/1995), que será castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años. — Delito de falsedad de certificados, art. 397 y ss del CP (LA LEY 3996/1995), que acarrea penas sensiblemente inferiores, de 3 a 6 meses. II. ¿En qué casos será considerada falsedad de documento y en cuáles falsedad de certificado? Nuestro Código Penal no establece con claridad la diferencia entre documento y certificado, ni por supuesto señala a qué categoría pertenecen los resultados de los test de antígenos, de la prueba PCR o el Certificado Covid. Por este motivo, serán los tribunales los que establezcan si se trata de la modalidad de falsificación más leve o más grave, siempre teniendo en cuenta los precedentes judiciales y las alegaciones de los abogados defensores especializados en falsedades y del Ministerio Fiscal. Los casos de falsificación de certificado Covid., a pesar de lo que su propio nombre podría indicar, ofrecen poca duda y serán calificados como falsedad de documento público, la modalidad más grave, puesto que se trata de un documento (digital o analógico) emitido por el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad de una Comunidad Autónoma. Sin embargo, los casos de falsificación de test de antígenos o de pruebas PCR en laboratorios privados están sujetos a debate. La fiscalía viene calificando los hechos como falsedad de documento público y habitualmente solicitando penas de hasta 3 años de prisión, salvo concurrencia de alguna atenuante del art. 21 del CP. (LA LEY 3996/1995) Sin embargo, existe jurisprudencia favorable a la calificación de la falsedad de prueba PCR como mera falsedad de certificado y en este sentido destacamos la Sentencia 605/2021 de 23 Sep. 2021 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 2ª. (Acceso a laleydigital) III. ¿Cómo se determina que el certificado, la prueba o el test es falso? El procedimiento habitualmente se iniciará de dos formas: — A instancias del agente de la autoridad que tras comprobar la veracidad del certificado Covid., la prueba PCR o el test de antígenos, tenga indicios de que son falsos. Normalmente lo detectan en frontera, en la entrada de edificios oficiales o en controles aleatorios. — Tras la denuncia presentada por particular o por personal de seguridad de cualquier edificio (académico, científico, empresarial, etc.) que detecta una prueba con indicios de ser falsa, bien sea por un código QR ilegible, a través de llamada al laboratorio emisor para confirmar la veracidad o por las propias características de la prueba: color, calidad de la impresión, etc. A este respecto es importante señalar que existen casos en los que aunque el certificado Covid o la prueba PCR sea objetivamente falsa, el autor deberá ser absuelto. Se trata de los supuestos de falsedad burda, en los que la falsedad es tan obvia que cualquiera que la analiza sin tener formación específica para ello, puede percatarse de que es falsa. (Acceso a guiasjuridicas.wolterskluwer.es) IV. ¿Cuáles son las fases de un procedimiento por falsedad? En primer lugar, en los casos en que es la Policía la que detecta indicios de falsedad, procederá a detener a la persona que porte el documento, a continuación le leerá sus derechos conforme lo dispuesto en el art. 520 de la Lecrim (LA LEY 1/1882) y redactará el atestado, en el que incluirá el documento falso. A continuación, enviará el atestado al Juzgado competente (el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda de la localidad donde han ocurrido los hechos) para que incoe un nuevo procedimiento. Este sería el momento procesal oportuno para plantear una prueba pericial del certificado en los casos en que se discrepe con la opinión de la policía o del juez instructor o bien para aportar testigos que demuestren que el investigado era desconocedor de la falsedad o no era el autor de la misma. V. ¿Qué sucede si el portador del certificado o la prueba no es el autor de la falsedad? También es delito tipificado en el Código Penal, pero más leve. Cuando se trate de un certificado Covid., es decir, documento público u oficial, el art. 392.2 dispone que se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que haga uso, a sabiendas, de un documento falso. Cuando se trate de una prueba PCR o un test de antígenos y no exista prueba de que el portador es el autor del certificado, las penas serán de multa de tres a seis meses. VI. ¿Cómo demostrar que el portador era desconocedor de la falsedad? A este respecto nos remitimos a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la prueba indiciaria y los requisitos establecidos para poder deducir razonablemente la acreditación de ciertos hechos. Acceso a guiasjuridicas.wolterskluwer.es Teniendo en cuenta que para el portador de una prueba médica falsa, aportar una prueba plena del desconocimiento de este hecho puede resultar una prueba diabólica, puesto que nadie puede probar un estado subjetivo de convicción moral, los tribunales alcanzarán su convicción practicando un juicio de inferencia y deducción a partir de los contraindicios que el investigado aporte. De este modo, en los casos en que el investigado efectivamente acudió a un laboratorio habilitado y le practicaron el hisopado nasal, efectivamente nada pudo hacerle prever que el resultado que le fue entregado no fuera cierto. A sensu contrario, tal y como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona anteriormente señalada en sus fundamentos jurídicos, cuando el portador del certificado Covid o la prueba PCR ni siquiera ha hecho las gestiones mínimas (acudir a un centro, toma de muestras por un facultativo, etc.) para obtener el resultado que presenta a las autoridades, es difícil que su alegación prospere.

28 enero 2022
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